• marzo 18, 2024

(Gustavo Gavotti)

Arman un protocolo para evitar la violencia contra personas en situación de calle en la Ciudad

 

Comuneros y Legisladores de la ciudad, pertenecientes al Frente de Todos, se reunieron con organizaciones sociales para debatir el reciente incremento de la violencia institucional contra las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires.

En dicha reunión, pudieron acordar elaborar un protocolo de intervención para regir las acciones de las fuerzas de seguridad y los organismos competentes del Gobierno local.

El debate fue en el Salón San Martín de la Legislatura porteña y fue convocada por Laura Velasco (FdT), presidenta de la comisión de Promoción Social.

Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos, explicó que fue la segunda de una serie de reuniones en las que una “mesa de trabajo” buscará “frenar” la violencia institucional pero por otro lado busca mejorar la ley 3.706 de la ciudad de Buenos Aires, que busca proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de calle.

De la reunion, participaron también Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos; Manuel Socías, presidente de la comisión de Espacio Público; junto con Maia Daer, Cecilia Segura y Claudia Neira, también legisladoras del FdT.

Cecilia Segura al tomar la palabra, dijo que deben trabajar en un protocolo de intervención que surja de las organizaciones y que no sea de higiene del espacio público, para luego debatirlo en la Legislatura como proyecto de ley.

Las organizaciones que participaron fueron, Proyecto 7, Movimiento Popular La Dignidad, Asociación Civil Miguel Bru y el comedor El Gomero.

También, asistieron estudiantes del Centro Educativo Isauro Arancibia, que trabaja con personas en situación de calle, así como representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Ministerio Público de la Defensa porteño.

Horacio Ávila, de Proyecto 7, sostuvo que, como parte del protocolo, podría establecerse la obligatoriedad de contar con una orden judicial para desalojar a las personas en situación de calles de los lugares donde habitan, comúnmente llamados “ranchadas”, -además, propuso “suplantar el artículo 5 de la ley 3.706, que fue vetado en 2010”.

El articulo nombraba, que el derecho a la Ciudad es una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales.

Por otro lado, Rosario Fassina, de ACIJ, llamó a cambiar el “paradigma represivo” actual por uno “con perspectiva de derechos humanos”.

Durante fines del mes de Julio, la Justicia porteña dio lugar a un amparo colectivo presentado por el secretario nacional de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski para que se ordene al Gobierno porteño que cese con “las amenazas, robos y acciones violentas contra las personas en situación de calle” que viven en la ciudad de Buenos Aires.

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