Sigue el conflicto del Juego Online con Lotería Nacional y la Afa

Las loterías provinciales argentinas nucleadas en ALEA se unieron en reclamar a la Nación una acción enérgica para controlar las apuestas ilegales, en especial por Internet, ratificaron su derecho constitucional a controlar el juego en su territorio y denunciaron que los casinos online fuera de la ley roban recursos que el estado destina a programas sociales.

El titular de la Lotería de Río Negro,  Luis Ayestarán, apoyó el duro comunicado contra la publicidad de juegos online ilegales, emitido por la Asociación de Loterías y Casinos Estatales de la República Argentina (ALEA).

La entidad había respaldado a la Lotería de Misiones en su lucha contra el juego ilegal, exigiendo la rehabilitación de su plataforma de juegos online MisionBet y considerando “aberrante” la publicidad de “páginas ilegales como Miljugadas.com” en la Televisión Pública, en la transmisión del Turismo Carretera (TC), del pasado domingo 4 de junio. El sitio, sin registro oficial del estado argentino, había sido dado de baja por el IPLyC de Misiones a raíz de diversas irregularidades.

Ayestarán, quien además es directivo de ALEA, subrayó que “en el territorio nacional la potestad de regular el juego es facultad de cada provincia, y dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cada una, dentro de su jurisdicción”.

Según las loterías provinciales, el sistema de apuestas online es más controlable por los organismos autorizados, detectando maniobras de lavado, asegurando el cobro de impuestos y cánones con finalidad social y evitando la reincidencia de los ludópatas y la participación de menores.

La semana pasada, por su parte, el directivo de la Lotería Chaqueña, Carlos Torres, se solidarizó con Misiones y consideró “triste y lamentable” el cierre preventivo del sitio de apuestas MisionBet. La acción fue impulsada desde la Ciudad de Buenos Aires por el fiscal de la justicia porteña Martín Lapadú.

Se basó para ello en una sola apuesta para un partido del Real Madrid español, realizada en Buenos Aires.

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), Eduardo Torres, denunció que la jugada fue realizada exprofeso por un funcionario de la fiscalía de Lapadú.

También responsabilizó la injerencia de intereses por el juego desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la política de Lotería Nacional.

Las loterías provinciales insisten en su derecho a manejar el juego en cada jurisdicción, porque la Constitución Nacional se lo garantiza, y en la importancia de regular las apuestas online para que aporten a las cajas provinciales de ayuda social.

En la Argentina el juego online está regulado en las provincias de Río Negro, Misiones, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Chaco y Tucumán. Mientras que las jurisdicciones restantes avanzan en la implementación de la modalidad online de captación de apuestas. Las provincias señalan que, sin penalización del juego ilegal se filtra el lavado de dinero.

“Los organismos estatales reguladores de los juegos de azar han denunciado en innumerables ocasiones la existencia de oferta de juego online ilegal”, reiteró ahora el funcionario rionegrino Luis Ayestarán. “Una muestra real y concreta de lo que la sociedad no puede respaldar es la publicidad de páginas ilegales, como es el caso de Miljugadas.com durante la transmisión del Turismo Carretera, el domingo 4 de junio pasado, en la Televisión Pública Argentina.

Sin dudas, esto pone en evidencia el profundo desconocimiento que existe en los diversos niveles del Estado sobre la legislación vigente en materia de juegos de azar”.

En este sentido, el funcionario rionegrino destacó que “en la última reunión de ALEA se contempló el hecho como aberrante y se convocó a accionar en dos sentidos: a presentar las denuncias correspondientes, en este caso, a la empresa, la TV Pública y ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones); y a profundizar el trabajo de dar a conocer la legislación, el rol y la función de los organismos reguladores en la Argentina ante las autoridades competentes en cada jurisdicción, aportando los antecedentes y la normativa existentes”.

Por eso ALEA defendió la potestad de las provincias de controlar el juego, señaló el riesgo de las apuestas ilegales ligadas al lavado de dinero y la pérdida de ingresos que se destinan a fines sociales. El criterio que manejan respecto a las apuestas online indica que permite un mejor control y el seguimiento de fondos a través de la bancarización. Por el contrario, el funcionamiento de páginas ilegales que escapan al control de los sitios registrados en la Cancillería, operan desde otros países.

Ante la clausura de MisionBet, el presidente del IPLyC, Eduardo Torres, denunció “intereses económicos” y que se pretende monopolizar las apuestas en Internet desplazando a las provincias, favoreciendo intereses empresarios y al juego ilegal. Torres contó que el juego online es lo más sencillo de controlar tanto para la UIF como para la AFIP porque “todo está bancarizado”. Esta posición también fue respaldada por ALEA.

Para ALEA, otra de las claves es el combate contra el juego ilegal en general, sea clandestino en modalidad tradicional o vía online, que impacta contra los recursos que los juegos de azar regulados por el Estado destinan por ley a fines sociales. Para la entidad de las loterías provinciales “solo el juego oficial puede garantizar la transparencia de las apuestas y la seguridad a las personas, protegiendo a los sectores vulnerables (la población en riesgo, menores y ludópatas), evitar la evasión y prevenir el lavado de activos”.

Tanto ALEA como las loterías provinciales por su lado realizaron gestiones ante organismos de control de las comunicaciones y de combate al lavado de dinero, entre otros.

“Con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantuvieron reuniones donde se planteó la necesidad de focalizar en los medios de pago, la prevención del lavado de activos y la ilegalidad de los juegos ofrecidos por los sistemas de posnet en la venta de créditos para juegos.

La necesidad de su bloqueo y el peligro de la fuga de capitales fueron expuestas oportunamente”, subrayó.

Además, se analizaron “normas específicas” en reuniones con los referentes de la Unidad de Información Financiera y el Ministerio de Comercio Interior.

Con el Ente Nacional de Comunicaciones, ALEA participó en la “capacitación al personal técnico que fiscaliza los contenidos de la publicidad”.

También mantuvo audiencias con la comisión redactora de la ley de convergencia de medios.

Esta es precisamente la finalidad del ENACOM, encargado de conducir la convergencia tecnológica y “crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión”. Esto es lo que señala el organismo autárquico estatal en su página oficial.

En 2016, los aportes del juego oficial fueron 12.615 millones de pesos”. ALEA recordó que “los organismos reguladores y las empresas privadas autorizadas tributan mediante el pago de tasas, cánones e impuestos varios (ingresos brutos, ganancias, impuestos nacionales, provinciales y municipales, aportes a la seguridad social, etc.), efectuando una importante contribución a los estados provinciales y a la nación”.

“Por el contrario, el juego ilegal en general, sea clandestino en modalidad tradicional o vía online, impacta contra los recursos que los juegos de azar regulados por el Estado destinan por ley a fines sociales.

En particular, el juego online comercializado a través de empresas ilegales y, muchas veces, sin localización en nuestro país produce una fuga de recursos que debieran ser destinados a paliar las múltiples necesidades de esa jurisdicción donde se originó la apuesta”, concluyó.