La Ciudad recuperó 1.000 propiedades usurpadas y las devolvió a sus dueños

La Ciudad de Buenos Aires alcanzó las 1.000 propiedades recuperadas que habían sido ocupadas ilegalmente y restituidas a sus legítimos propietarios.

El resultado de los operativos representa un avance en la política de recuperación de inmuebles y busca devolverles tranquilidad a los vecinos, en medio de historias de familias que pasaron años de litigios, trámites y reclamos para volver a tener lo que les pertenecía.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció el cumplimiento de esta cifra durante un encuentro en la sede gubernamental de Parque Patricios, donde se reunió con propietarios que atravesaron largos procesos judiciales para recuperar sus viviendas y otros inmuebles.

Detrás del número hay historias personales marcadas por la impotencia, el desgaste económico y la espera, pero también por el alivio de volver a disponer de un patrimonio construido durante generaciones.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Daniel Azzaroni, quien logró recuperar la casa de su infancia, ubicada en Entre Ríos 542, después de casi diez años de litigio judicial. Al recordar a su padre, expresó su emoción con una frase cargada de significado: “¡Viste viejo, se logró!”.

La restitución del inmueble representó mucho más que recuperar una propiedad: significó volver a un lugar ligado a sus recuerdos familiares.

“Cuando me quedé sin nada, con las manos vacías, lloré como ese nene que se había criado ahí. Se sufrió un montonazo”, relató Azzaroni, al describir el impacto emocional que le provocó perder el acceso a la vivienda y tener que esperar durante años para recuperarla.

Otra historia fue la de Luciana Palacio, quien volvió a tener el hotel pensión de su abuelo gallego, ubicado en la calle Chile. El establecimiento había permanecido tomado durante seis años, con habitaciones subalquiladas. La mujer contó que llegó a pensar que nunca recuperaría el inmueble y denunció que los ocupantes le exigían cifras millonarias para devolverlo.

“Fue un alivio, pensé que no lo iba a recuperar jamás. Me enteré de que estaba el operativo, me largué a llorar y salí corriendo a verlo”, recordó.

Su testimonio reflejó una problemática que, además de afectar el patrimonio, puede comprometer los ingresos y la estabilidad económica de quienes dependen de una propiedad.

Durante el encuentro, Macri reconoció que muchas familias debieron atravesar períodos excesivamente prolongados para obtener una respuesta. “Perdón por todo el tiempo en el que la política les falló. Perdón por los años en los que tuvieron que ver cómo otros disponían de lo suyo. No deberían haber tenido que esperar tanto”, sostuvo. También mencionó situaciones en las que los reclamos se extendieron hasta cuatro décadas.

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el diputado nacional Cristian Ritondo, impulsor de la Ley de Inviolabilidad Privada en el Congreso; integrantes del gabinete porteño, funcionarios y legisladores de la Ciudad.

Macri destacó que las restituciones permitieron que familias recuperaran sus hogares, comerciantes volvieran a disponer de sus espacios de trabajo y descendientes pudieran preservar bienes construidos por sus padres y abuelos. Además, remarcó el impacto de estas intervenciones sobre la convivencia cotidiana y la seguridad en los barrios.

El procedimiento que permitió alcanzar el millar de propiedades recuperadas se llevó adelante en una galería comercial y un predio anexo ubicados en Cafayate 1642, en Mataderos, a pocos metros de la avenida Juan Bautista Alberdi.

Ambos espacios permanecían ocupados desde hacía aproximadamente 15 años y fueron desalojados por la Policía de la Ciudad el viernes.

La intervención se produjo después de que vecinos denunciaran presuntos hechos vinculados con la venta de drogas, robos y amenazas.

También se habían registrado episodios de hurtos y arrebatos que afectaron a alumnos de una escuela cercana, una situación que incrementó la preocupación de la comunidad.

A partir de este caso, Macri lanzó una advertencia contra quienes ocupan ilegalmente propiedades ajenas y aseguró que el Gobierno porteño continuará avanzando con los procedimientos correspondientes.

En su discurso, sostuvo que detrás de algunas usurpaciones pueden operar organizaciones que lucran con la necesidad de otras personas y que, en determinados casos, existen vínculos con redes delictivas de mayor gravedad.

La gestión porteña plantea que recuperar estos inmuebles no solo permite restituir derechos patrimoniales, sino también intervenir sobre espacios que pueden convertirse en focos de inseguridad, conflictos vecinales y actividades ilegales.

Sin embargo, cada procedimiento requiere la intervención de las autoridades competentes y el cumplimiento de las disposiciones judiciales correspondientes.

El listado de propiedades restituidas incluye inmuebles de características muy diferentes. Entre ellos figuran viviendas utilizadas como talleres textiles clandestinos en Flores y Parque Chas, donde se detectó la presencia de 17 menores; predios pertenecientes al Estado porteño ocupados por organizaciones sociales, como uno ubicado en San Telmo; y sectores bajo autopistas en Villa Luro que habían sido tomados por cartoneros.

También se recuperaron hoteles que, según las situaciones detectadas, eran utilizados para actividades delictivas, prostitución y venta de drogas, especialmente en zonas como Constitución.

A estos casos se suman antiguas fábricas que podían transformarse en grandes espacios de ocupación irregular y edificios completos que permanecieron intrusados durante décadas.

Uno de los ejemplos más significativos fue un inmueble de más de 30 departamentos situado en Manuela Pedraza al 1800, en Núñez, que había sido ocupado ilegalmente y presentaba condiciones de precariedad, con falta de servicios básicos como luz y gas.

La política de restitución también alcanzó propiedades de valor arquitectónico, histórico o patrimonial, entre ellas la Casa Blaquier, en el casco histórico; la denominada “Galería del Terror”, en Nueva Pompeya; y el edificio conocido como “Elefante Blanco”, ubicado en Olazábal 3432, en Belgrano.

Este último, compuesto por 12 pisos y tres cuerpos, fue escenario del anuncio del desalojo número 500, realizado por Macri en noviembre del año pasado.

En cuanto a la distribución territorial de los procedimientos, Balvanera encabezó el registro con 130 recuperaciones, especialmente en el área de Once. Le siguieron La Boca, con 63; Almagro, con 53; Constitución, con 52; y Flores, con 43. Las cifras muestran que la problemática atraviesa distintos sectores de la Ciudad, aunque presenta una concentración importante en determinados barrios.

La recuperación de inmuebles requiere la coordinación de diferentes áreas del Gobierno porteño, la Policía de la Ciudad y los organismos judiciales responsables de emitir las órdenes correspondientes.

El proceso puede comenzar con la denuncia de un propietario, el reclamo de vecinos o la identificación de una situación durante las recorridas y reuniones que el jefe de Gobierno y su gabinete mantienen en los barrios.

Un caso de este tipo fue el de Luis Villa, vecino de Parque Patricios, quien recuperó su vivienda de la calle Atuel 255 después de que la situación llegara a conocimiento de las autoridades.

Además de las fuerzas policiales, los procedimientos pueden involucrar a la Guardia de Auxilio, Emergencias, la Agencia Gubernamental de Control, Ordenamiento Urbano y Espacio Público, y la Red de Atención, que releva la situación de las personas que se encuentran en los inmuebles y evalúa las alternativas de asistencia disponibles.

Cuando hay menores de edad involucrados, también interviene el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La participación de estas áreas permite atender distintas necesidades durante los operativos, sin dejar de lado el cumplimiento de las decisiones judiciales.

El Gobierno porteño sostiene que las mil propiedades recuperadas representan un patrimonio superior a los 500 millones de dólares que volvió a manos de sus legítimos dueños.

La cifra marca la dimensión económica de las restituciones, aunque detrás de cada inmueble también existen historias familiares, proyectos comerciales y vínculos con los barrios.

Con este resultado, la Ciudad busca consolidar una política de recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente y reforzar la protección del derecho de propiedad.

El desafío será sostener los procedimientos, agilizar las respuestas a los reclamos y evitar que nuevas ocupaciones vuelvan a convertir viviendas y espacios comerciales en conflictos que se prolonguen durante años.