La violencia en las redes golpea al periodismo y su libertad

Casi la mitad de los periodistas argentinos sufrió violencia digital por su trabajo durante el último año y uno de cada dos admitió haber evitado investigar o publicar determinados temas por miedo a las consecuencias.

Los datos de una encuesta nacional exponen una problemática que va más allá de los insultos en las redes sociales: incluye amenazas de muerte, ataques contra la intimidad, consecuencias sobre la salud mental y una preocupante falta de respaldo institucional para quienes ejercen la profesión.

El relevamiento también advierte que más de la mitad de los trabajadores de prensa agredidos no recibió asistencia de su medio, mientras que la violencia reiterada profundiza el aislamiento y limita la participación en el debate público.

El fenómeno plantea un desafío para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la sociedad a acceder a información sobre asuntos de interés público.

La encuesta nacional Desafíos del espacio público digital en la Argentina: violencias contra el periodismo y derechos ciudadanos amenazados fue realizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la revista Anfibia y el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín (LEDA-UNSAM).

El estudio se desarrolló entre junio y septiembre de 2026, a partir de un universo de 10.006 periodistas identificados en 1.158 fuentes de todo el país. En total, se obtuvieron 905 respuestas válidas, que permitieron dimensionar el alcance de las agresiones digitales y sus consecuencias sobre el trabajo cotidiano de los profesionales de prensa.

Los resultados indican que el 43% de los encuestados sufrió violencia digital vinculada con su actividad laboral. Además, más de uno de cada diez periodistas atraviesa este tipo de situaciones de manera reiterada o sistemática, una frecuencia que agrava las consecuencias personales y profesionales.

La presentación del informe estuvo a cargo de la defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños; Silvina Heguy, integrante del equipo de dirección de Anfibia; Ezequiel Ipar, en representación del LEDA-UNSAM, y Pablo Gordon, director general de Investigaciones y Gestión de los Conocimientos de la Defensoría.

Las agresiones no se limitan a comentarios ofensivos o discusiones en las redes sociales. El informe revela que el 24,7% de los periodistas que sufrieron violencia digital recibió al menos un ataque grave, una proporción que pone de manifiesto los riesgos que puede implicar la exposición pública.

Entre las situaciones registradas aparecen las amenazas de violencia física, que alcanzaron al 14,9% de las víctimas, y las amenazas de muerte, que afectaron al 9,3%.

También se identificaron prácticas como el doxing, que consiste en divulgar datos personales sin consentimiento, la creación de deepfakes y la publicación de contenido sexual no consentido.

La gravedad del fenómeno aumenta entre quienes tienen una exposición pública más frecuente. Siete de cada diez conductores y movileros manifestaron haber sufrido violencia digital, una cifra que supera en 28 puntos porcentuales el promedio general de la encuesta.

El riesgo de recibir agresiones graves también es mayor entre determinados perfiles profesionales. En el periodismo de investigación, la proporción llega al 16%, frente al 9% de quienes no desarrollan esa tarea. Entre conductores y presentadores alcanza el 16%, contra el 8% del resto.

La misma diferencia se observa entre quienes trabajan bajo contratos de locación de servicios, con un 16% frente al 9%, y entre quienes utilizan X como herramienta laboral, con un 14% frente al 8%.

La violencia digital también deja consecuencias que no siempre resultan visibles. Aunque la exposición a las agresiones es similar entre mujeres y varones —43,6% y 42,1%, respectivamente—, el impacto sobre la salud mental presenta una diferencia significativa.

Entre las periodistas afectadas, el impacto alcanzó el 50,8%, mientras que entre los periodistas varones fue del 35,5%. La diferencia evidencia que las consecuencias de los ataques no se distribuyen de la misma manera y refuerza la necesidad de contemplar las particularidades de género al diseñar políticas de prevención y acompañamiento.

La frecuencia de las agresiones es otro factor determinante. Entre quienes sufrieron episodios aislados o poco frecuentes, el impacto grave sobre la salud mental se ubicó en el 11,5%. En cambio, entre quienes padecen violencia sistemática, ese porcentaje trepó al 40,7%.

En este último grupo, apenas el 7,4% afirmó que los ataques no le provocaron ninguna afectación. La reiteración de amenazas, insultos y hostigamientos puede convertir las redes sociales en un espacio de presión permanente, con efectos que se trasladan a la vida personal y al desempeño profesional.

Uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento es la respuesta de las organizaciones periodísticas frente a las agresiones. El 53,2% de las víctimas aseguró que no recibió ningún tipo de apoyo del medio en el que trabaja. A su vez, un tercio de los encuestados ni siquiera sabe si su lugar de trabajo dispone de protocolos de protección.

La diferencia entre contar con herramientas institucionales y carecer de ellas resulta significativa. Entre los periodistas cuyos medios no tienen protocolos, el 62,3% quedó sin respaldo tras sufrir violencia digital. En las organizaciones que sí cuentan con estos mecanismos, la proporción descendió al 11,1%.

Sin embargo, la existencia de protocolos no garantiza que los ataques graves desaparezcan: la incidencia fue del 10% entre quienes trabajan en medios que cuentan con esas herramientas y del 12% entre quienes no disponen de ellas.

Su función consiste principalmente en establecer procedimientos de asistencia y respuesta, por lo que deben complementarse con acciones preventivas.

La situación es especialmente compleja para los trabajadores independientes, que representan casi la mitad de la muestra. Al no formar parte de una estructura periodística estable, muchos carecen de un equipo institucional que pueda intervenir, brindar asesoramiento o acompañarlos frente a las amenazas.

La consecuencia más directa sobre el ejercicio de la profesión es la autocensura. Según el estudio, el 50,4% de los encuestados —453 periodistas— evitó investigar o publicar algún tema durante el último año por temor a las posibles represalias.

El dato trasciende la situación individual de cada trabajador: cuando un periodista decide no avanzar con una investigación por miedo a las amenazas, también se restringe la información que llega a la ciudadanía. Los temas que quedan fuera de la agenda pueden involucrar asuntos relevantes que nunca alcanzan el debate público.

Entre quienes padecen violencia sistemática, la autocensura llega al 82%. Además, el retiro de la conversación pública —que incluye abandonar redes sociales, dejar de interactuar con las audiencias o reducir la participación— aumenta del 17% al 53% en ese grupo.

Las consecuencias también se observan entre quienes sufrieron agresiones graves: el 33% se retiró del debate público, frente al 21% de los demás encuestados.

Los resultados señalan que no se trata solamente de la intensidad de un episodio, sino también de su reiteración y de la sensación de vulnerabilidad que puede generar con el paso del tiempo.

Frente a este escenario, el relevamiento plantea cuatro líneas de acción para reducir los riesgos y mejorar la protección de los trabajadores de prensa.

Entre las principales recomendaciones figuran la implementación de protocolos de actuación y acompañamiento en los medios, junto con mecanismos específicos para periodistas independientes; el acceso prioritario a atención de salud mental para quienes sufren violencia grave o sistemática; y el desarrollo de canales de denuncia más eficaces en las plataformas digitales, con criterios claros de moderación.

También propone impulsar capacitaciones en seguridad digital con perspectiva de género, especialmente destinadas a quienes trabajan frente a cámaras o micrófonos, además de realizar relevamientos periódicos que permitan seguir la evolución del problema.

La encuesta deja en evidencia que la violencia digital no termina en una pantalla: puede afectar la salud, condicionar investigaciones y reducir la diversidad de voces que participan del debate público.

El desafío pasa por construir respuestas que protejan a los periodistas sin limitar su libertad de informar y que garanticen a la sociedad el acceso a una información plural.