Megaoperativo en villas porteñas: más de 1.500 efectivos y 20 detenidos
Con un despliegue inédito de más de 1.500 efectivos y presencia simultánea en 15 villas y barrios populares, el Gobierno porteño puso en marcha la operación “Tormenta Negra”, un megaoperativo de seguridad que apunta a golpear al narcotráfico, desarticular focos delictivos y recuperar el espacio público en las zonas más conflictivas de la Ciudad.
La intervención dejó, en sus primeras horas, 20 detenidos por distintos delitos y expuso el endurecimiento de la estrategia oficial frente al avance de la inseguridad urbana.
“Nunca antes hubo un operativo como este”, sostuvo Jorge Macri al supervisar el despliegue desde el Centro de Monitoreo Urbano en Villa Lugano, antes de trasladarse a la Villa 31.
El jefe de Gobierno defendió la magnitud de la intervención y aseguró que la Ciudad “no va a tolerar que se instalen la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo”, en una definición que buscó mostrar una postura de máxima firmeza frente al delito.
La operación comenzó a las 19 horas y se extendió de manera simultánea en barrios como la 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, Fraga, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Ramón Carrillo y Barrio Mitre, entre otros sectores considerados sensibles por las autoridades porteñas.
El operativo involucró a seis áreas del Gobierno de la Ciudad, además de fuerzas especiales, agentes de tránsito, inspectores y personal sanitario.
El despliegue incluyó controles vehiculares y de personas, inspecciones en locales comerciales, allanamientos vinculados al narcomenudeo y tareas de limpieza y remoción de estructuras ilegales.
Según detallaron desde el Ejecutivo porteño, también se inspeccionaron comercios dedicados a la venta de teléfonos celulares por sospechas de comercialización de equipos robados y salitas médicas donde se investigan posibles irregularidades sanitarias.
Uno de los puntos centrales de la operación fue el cierre de cuatro búnkers de drogas en las villas Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y la Villa 31.
Durante esos procedimientos fueron detenidos un ciudadano peruano y un chileno, sobre quienes el Gobierno ya solicitó la expulsión del país.
La administración porteña endureció el discurso en torno a los extranjeros involucrados en delitos y dejó en claro que buscará avanzar con medidas migratorias en esos casos.
El megaoperativo movilizó a 1.361 policías de distintas divisiones. Participaron efectivos de Pacificación Barrial, brigadas antidrogas, agentes motorizados, personal de investigaciones, guardia de infantería y unidades especiales con perros K9, drones, helicópteros y escuadrón antibombas.
También estuvo disponible el vehículo blindado “Fénix” y camionetas de traslado de detenidos, en un despliegue pocas veces visto dentro de barrios populares de la Capital Federal.
Además del componente estrictamente policial, el Gobierno porteño avanzó con acciones de ordenamiento urbano.
Equipos de Espacio Público retiraron chatarra, carros abandonados y estructuras precarias instaladas en la vía pública, mientras que personal del programa de descontaminación removió autos abandonados para compactarlos posteriormente.
La intención oficial es recuperar sectores tomados y disminuir focos de suciedad, ocupación irregular y actividad clandestina.
En paralelo, la Agencia Gubernamental de Control realizó inspecciones comerciales y sanitarias en distintos puntos de las villas, mientras agentes de tránsito efectuaron controles para detectar circulación irregular de vehículos.
El SAME también quedó apostado en puntos estratégicos para responder ante cualquier emergencia durante el operativo.
La administración de Jorge Macri sostiene que esta avanzada forma parte de un esquema integral de seguridad y recuperación del espacio público que busca profundizar durante 2026.
Según datos oficiales, en el último tiempo se recuperaron más de 780 propiedades usurpadas que funcionaban como aguantaderos delictivos en barrios como Constitución, Balvanera, Palermo y La Boca.
Además, se liberaron 68 kilómetros ocupados por manteros en zonas comerciales de alta circulación como Once, Flores y Retiro.
El Gobierno también remarcó que continúan los operativos contra trapitos en recitales y partidos de fútbol, los controles en los accesos de la Villa 31 para impedir el ingreso de materiales de construcción y los procedimientos de saturación en estaciones y formaciones de subte.
Todo esto se enmarca dentro de una política que busca reforzar la presencia estatal en zonas históricamente atravesadas por conflictos de seguridad y economías ilegales.
La discusión sobre el avance del delito en los barrios populares volvió así al centro de la escena política. Mientras desde el oficialismo sostienen que estas intervenciones son necesarias para recuperar el control territorial y garantizar condiciones mínimas de seguridad, sectores sociales y organismos vinculados a los derechos humanos siguen de cerca el impacto que estos operativos generan en la vida cotidiana de miles de vecinos que viven en esas zonas.
Con un presupuesto récord destinado al área de seguridad para el próximo año —equivalente al 15,4% del total porteño, unos 2,6 billones de pesos— la Ciudad apuesta a consolidar una estrategia de fuerte presencia policial y control urbano.
La operación “Tormenta Negra” aparece así como una señal política contundente de la gestión porteña, que busca mostrar decisión frente al delito y reforzar la idea de que no habrá zonas liberadas dentro de la Capital.
