Jorge Macri: “La propiedad privada se respeta y la ley se cumple”

El Gobierno de la Ciudad concretó este lunes el desalojo número 400, una cifra que marca un antes y un después en la política oficial de enfrentar las ocupaciones ilegales.

La acción tuvo lugar en el ex hotel Santa Ana, en San Telmo, donde desde hacía tres años funcionaba una toma irregular en un edificio de 14 habitaciones.

“En la Ciudad la propiedad privada se respeta y la ley se cumple. No vamos a convivir con las usurpaciones”, afirmó el jefe de Gobierno Jorge Macri, ratificando la línea de gestión que viene endureciendo los controles y recuperando espacios públicos y privados que permanecían ocupados.

El operativo comenzó a las ocho de la mañana en México 712, donde el inmueble había sido ocupado por decenas de familias desde hacía tiempo.

El propietario, que había acudido a la Justicia, reclamaba el espacio para destinarlo a fines comerciales. La intervención contó con la Policía de la Ciudad y personal de los ministerios de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat.

No se trató de un hecho aislado. En los últimos meses, la Ciudad viene desplegando una política activa para enfrentar estas situaciones.

El viernes anterior, por ejemplo, se desalojó en el mismo barrio de San Telmo un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan, donde funcionaba de forma irregular un campo deportivo bajo la órbita del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), conducido por Raúl Castells. Ese permiso había caducado hacía 12 años, pero el espacio seguía ocupado.

Según fuentes oficiales, los desalojos buscan no solo devolver los bienes a sus dueños, sino también restablecer la convivencia ciudadana, evitar situaciones de inseguridad y recuperar espacios que puedan tener un uso social, cultural o comercial más adecuado.

“Así como enfrentamos los cortes, los acampes y la venta ilegal, vamos a terminar con la usurpación de inmuebles”, reiteró Macri, quien colocó esta bandera como uno de los ejes de su administración.

La estrategia no se limita a desalojar inmuebles. También se extiende a espacios públicos. En lo que va de la gestión, se llevaron adelante 10 megaoperativos contra manteros en zonas neurálgicas como Once, Flores (avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución.

Estos procedimientos incluyeron el desmantelamiento de ferias ilegales y ranchadas en lugares sensibles como Retiro (calle Perette), el Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y el Congreso de la Nación.

El Gobierno porteño entiende que estos focos de ocupación irregular no solo perjudican la circulación y el comercio formal, sino que también generan focos de inseguridad. Vecinos y comerciantes de las zonas afectadas reclamaban hace tiempo una respuesta firme.

En paralelo, se intensificó la lucha contra los denominados “trapitos”, personas que exigían dinero a los automovilistas por estacionar en la vía pública.

Según cifras oficiales, los operativos permitieron reducir de manera significativa la presencia de estos grupos en áreas críticas. Para consolidar este avance, la administración envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas a quienes reincidan en estas contravenciones.

Si bien el Gobierno celebra la medida como un logro de gestión, no faltan las voces críticas. Diversas organizaciones sociales advierten que los desalojos deben estar acompañados de políticas habitacionales inclusivas para las familias afectadas.

En el caso del hotel de San Telmo, varias de las personas desalojadas señalaron que no tenían otro lugar donde vivir y que quedaron a la espera de alguna asistencia del Estado.

En respuesta, desde Desarrollo Humano y Hábitat aseguraron que se ofrecieron instancias de acompañamiento y derivación a programas de contención social.

Sin embargo, no todos los ocupantes aceptaron la propuesta, lo que vuelve a abrir el debate sobre cómo equilibrar el derecho a la propiedad privada con el acceso a la vivienda digna.

Este cruce de miradas expone un dilema recurrente en la Ciudad: la falta de viviendas accesibles en barrios tradicionales como San Telmo, donde los precios de alquiler y venta están por encima del promedio porteño.

Para muchos especialistas, detrás de cada desalojo se esconde un problema estructural que excede la ocupación irregular y que tiene relación con la crisis habitacional de los sectores más vulnerables.

El número 400 no es solo una cifra. Es una marca política que la gestión de Macri en la Ciudad busca resaltar como parte de su narrativa de “orden y cumplimiento de la ley”.

Cada desalojo, cada operativo contra manteros, cada acción contra trapitos, forman parte de una estrategia de seguridad integral que busca mostrar resultados concretos a los vecinos.

De hecho, el Gobierno porteño asegura que en los últimos seis meses se logró reducir en un 35% las denuncias por ocupaciones ilegales y que el control sobre los espacios públicos generó una mejora notable en la circulación peatonal y vehicular en zonas conflictivas.

Claro que aún quedan desafíos. Existen en la Ciudad varios inmuebles en litigio judicial y otros tantos espacios públicos que siguen bajo ocupación irregular. Sin embargo, la señal política parece clara: no se tolerará ninguna forma de usurpación.