La Ciudad abrió la inscripción para su primer Servicio Penitenciario
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio el primer paso para poner en marcha una nueva fuerza especializada destinada a la custodia de personas detenidas en alcaidías porteñas.
Con la apertura de la inscripción para aspirantes, comienza el proceso de conformación del primer Servicio Penitenciario de la Ciudad, una estructura inédita que busca fortalecer el sistema de seguridad local y marcar un nuevo capítulo en el camino hacia una mayor autonomía institucional.
La convocatoria representa el inicio de un proyecto que había sido anunciado como una de las principales transformaciones en materia de seguridad pública.
La formación de los futuros agentes estará a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el mismo organismo que actualmente capacita a los efectivos de la Policía de la Ciudad y al personal de Bomberos.
Desde el Ejecutivo porteño sostienen que el objetivo es contar con profesionales preparados específicamente para desempeñarse en el ámbito penitenciario, garantizando la custodia de los detenidos y mejorando el funcionamiento de las alcaidías.
La creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad responde a una necesidad que desde hace años forma parte del debate sobre la seguridad y la administración de los detenidos en territorio porteño.
Hasta ahora, la Ciudad dependía de otros organismos para atender una problemática que fue creciendo con el paso del tiempo, especialmente a partir del incremento en la cantidad de personas alojadas en alcaidías y comisarías mientras aguardaban su traslado al sistema penitenciario correspondiente.
Con esta nueva fuerza, la administración porteña busca establecer una estructura propia, especializada y con personal formado exclusivamente para cumplir funciones penitenciarias.
La iniciativa apunta a profesionalizar las tareas vinculadas con la custodia, el control y el acompañamiento de las personas privadas de la libertad, diferenciando estas responsabilidades de las funciones que desarrolla la Policía de la Ciudad.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la capacitación de los futuros integrantes. El Instituto Superior de Seguridad Pública será el encargado de desarrollar el proceso formativo, que incluirá contenidos específicos vinculados con la seguridad penitenciaria, los derechos humanos, el manejo de situaciones de crisis, protocolos de actuación, legislación vigente y herramientas orientadas a la reintegración social de los internos.
Las autoridades consideran que una preparación especializada permitirá contar con personal mejor capacitado para afrontar los desafíos que presenta el trabajo cotidiano dentro de los establecimientos de detención.
La intención es que los agentes no solo desempeñen tareas de vigilancia, sino que también comprendan la importancia del respeto por las normas, la convivencia y la prevención de conflictos dentro de las alcaidías.
En esta primera convocatoria podrán inscribirse hombres y mujeres de entre 18 y 29 años que sean ciudadanos argentinos, ya sea nativos o por opción.
Además, deberán contar con estudios secundarios completos y superar todas las instancias de evaluación previstas durante el proceso de selección e ingreso.
Las evaluaciones contemplarán distintas etapas destinadas a verificar que los postulantes reúnan las condiciones físicas, psicológicas, académicas y personales necesarias para desempeñar una función de alta responsabilidad dentro del sistema penitenciario.
El objetivo es conformar un cuerpo profesional con estándares similares a los exigidos para el resto de las fuerzas de seguridad de la Ciudad.
Desde el Ministerio de Justicia porteño destacaron que la creación de esta fuerza constituye un paso importante para consolidar un sistema integral de seguridad.
En ese sentido, remarcaron que disponer de un servicio penitenciario propio permitirá distribuir de manera más eficiente las funciones de cada organismo, evitando que efectivos policiales deban destinar recursos humanos a tareas de custodia que podrán ser asumidas por personal específicamente preparado para esa misión.
La implementación del nuevo servicio también se enmarca dentro del proceso de fortalecimiento institucional que impulsa la Ciudad de Buenos Aires en materia de autonomía.
La creación de organismos propios vinculados con la administración de la seguridad forma parte de una estrategia que busca ampliar las capacidades operativas del distrito y brindar respuestas más eficientes frente a las demandas de los vecinos.
Un antecedente clave para este avance fue la sanción, en noviembre de 2025, de la Ley 6923 por parte de la Legislatura porteña.
Esa norma estableció oficialmente la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad, otorgándole el marco jurídico necesario para comenzar su implementación.
Se trata de un hecho considerado histórico por las autoridades, ya que representa la primera vez que la Ciudad contará con una fuerza penitenciaria propia.
La nueva estructura no solo tendrá como misión garantizar la seguridad dentro de las alcaidías, sino también acompañar políticas vinculadas con la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Si bien el eje inicial estará puesto en la custodia y el funcionamiento operativo, el esquema contempla una mirada más amplia sobre el rol del sistema penitenciario moderno, incorporando criterios de formación y reintegración que forman parte de las políticas actuales en distintos sistemas de seguridad.
El desafío será llevar adelante una implementación gradual que permita conformar equipos capacitados y generar una estructura sólida desde sus comienzos.
Para ello, la convocatoria abierta representa el primer paso de un proceso que continuará con las distintas etapas de selección, capacitación y posterior incorporación de los agentes que integrarán esta nueva fuerza.
Con esta decisión, la Ciudad busca responder a una demanda vinculada con la organización de su sistema de seguridad, apostando a una mayor especialización de sus recursos humanos y a una administración más eficiente de las tareas de custodia.
La puesta en marcha del Servicio Penitenciario porteño marca el inicio de una nueva etapa que podría redefinir el funcionamiento de las alcaidías y fortalecer la capacidad operativa del Estado local en una de las áreas más sensibles de la gestión pública.
