Tolerancia cero a patentes tapadas o adulteradas en CABA
En poco más de un año, la Ciudad secuestró casi 13 mil vehículos por circular con patentes irregulares.
La cifra no solo expone un incumplimiento masivo de la normativa vial, sino que revela un fenómeno que preocupa a las autoridades: el uso creciente de motos y autos sin identificación visible en el espacio público.
“Estos puestos de controles vehiculares se consolidan como una herramienta clave para el mantenimiento del orden público, la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad vial”, afirmó el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, al defender una política que en 2025 y en lo que va de 2026 ya dejó 12.956 vehículos remitidos a playas de acarreo.
El número surge de los operativos desplegados por la Policía de la Ciudad junto a los Agentes de Tránsito en accesos, egresos y puntos considerados estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Del total de unidades retiradas de circulación, 2.444 fueron automóviles y 10.512 motocicletas, lo que confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: la moto concentra el mayor volumen de infracciones vinculadas a la identificación vehicular.
Las irregularidades detectadas abarcan desde la ausencia total de la chapa patente hasta su adulteración o el ocultamiento parcial —una práctica frecuente mediante plásticos, cintas o mecanismos que impiden la correcta lectura del dominio—.
En todos los casos, se trata de faltas que impiden la trazabilidad del vehículo y complican cualquier tarea de fiscalización o investigación posterior.
Entre el 1 de enero de 2025 y fines de enero de 2026 se realizaron más de 2.300 controles en los distintos barrios y comunas porteñas, además de operativos específicos en los accesos con la colaboración de la Patrulla de Control de Accesos.
Según fuentes oficiales, el objetivo no se limita a sancionar, sino a reducir la circulación irregular y disminuir la siniestralidad asociada a motos sin control ni registro.
La ecuación es clara: un vehículo sin patente visible es, en los hechos, un vehículo difícil de identificar ante un siniestro vial o un hecho delictivo.
De allí que las autoridades insistan en el efecto disuasivo de los controles. “La presencia activa de agentes en la vía pública genera un efecto disuasivo que contribuye a la disminución de hechos delictivos vinculados al uso de motocicletas y vehículos sin identificación.
Al mismo tiempo, los controles promueven una conducción responsable y refuerzan el cumplimiento de las normas”, agregó Giménez.
Durante cada procedimiento, los agentes verifican la documentación obligatoria para circular: licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, seguro obligatorio y Verificación Técnica Vehicular (VTV) cuando corresponde.
Si se constata una irregularidad grave en la patente o en la documentación, se labra el acta y se dispone la remisión inmediata a la playa de acarreo.
El proceso para recuperar el vehículo no es automático ni inmediato. El conductor infraccionado recibe el número de acta y debe presentarse ante la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) para regularizar su situación frente a un Controlador de Faltas.
Solo una vez concluido el trámite administrativo y abonada la multa —o resuelta la infracción— se emite el “Comunicado de Devolución”, documento indispensable para retirar la unidad.
Los vehículos son trasladados a las playas de acarreo Dávila, en Dávila 1024, o Lisandro de la Torre, en Lisandro de la Torre 2346.
Para concretar el retiro, el titular o una persona debidamente autorizada debe presentar el Comunicado de Devolución emitido por la DGAI, licencia de conducir vigente, cédula del vehículo y comprobante del seguro obligatorio, todos en original y fotocopia.
Recién entonces, tras la verificación de la documentación, se habilita la restitución.
Más allá de las cifras, el dato estructural es el volumen de motos involucradas.
Las 10.512 motocicletas remitidas representan más del 80% del total de los casos, un indicador que refuerza la hipótesis oficial sobre la relación entre este tipo de vehículos y ciertas modalidades delictivas, además de su incidencia en la siniestralidad urbana.
En paralelo, especialistas en seguridad vial advierten que la visibilidad de la patente no es un mero formalismo administrativo, sino un requisito básico para el control estatal y la convivencia en el tránsito.
La identificación clara permite aplicar multas electrónicas, reconstruir trayectorias ante un choque y desalentar conductas temerarias.
El despliegue de más de 2.300 operativos en poco más de un año muestra que la estrategia no es esporádica, sino sistemática.
La apuesta oficial es sostener la presión en la vía pública para consolidar un mensaje: circular sin patente, adulterarla o taparla ya no es una falta menor que pasa inadvertida, sino una infracción que tiene consecuencias concretas y costos económicos.
En una ciudad con millones de desplazamientos diarios, el control del parque vehicular se convierte en una pieza central de la política de seguridad urbana.
Las casi 13 mil remisiones en apenas trece meses marcan el pulso de un problema que, para las autoridades, exige presencia constante y tolerancia cero frente a la irregularidad.
