Cayó Combox, el vendedor viral de TikTok acusado de importar mercadería ilegal
La Policía de la Ciudad volvió a poner el foco en un delito que crece al ritmo del comercio digital y la informalidad: la importación ilegal de mercadería extranjera.
En una investigación de meses, que combinó inteligencia criminal, tareas de campo y compras encubiertas, las fuerzas de seguridad lograron desbaratar una organización que operaba desde el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, con mercadería valuada en unos 120 millones de pesos que ingresó al país por fuera de los canales legales.
El caso deja al descubierto no solo el volumen económico del negocio, sino también el nivel de sofisticación de la operatoria.
“Estamos ante una estructura organizada, con roles definidos y una logística aceitada para el acopio, la distribución y la venta online”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación, que estuvo a cargo de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ) en articulación con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5.
El despliegue policial incluyó dos allanamientos clave. Uno se realizó en una vivienda ubicada en un barrio privado del partido bonaerense de San Vicente; el otro, en una propiedad que funcionaba como oficina comercial y depósito en la calle Beláustegui al 2500, en el barrio porteño de Villa General Mitre.
En ambos procedimientos se secuestró una enorme cantidad de mercadería de origen extranjero ingresada de manera irregular, en clara infracción a la Ley 22.415, que regula el régimen aduanero.
Entre los productos incautados había artículos de electrónica, regalería, bazar, cuidado personal, perfumes y prendas de vestir, muchos de ellos de marcas reconocidas y con alta demanda en el mercado local.
Según los investigadores, la mercadería era ofrecida principalmente a través de tiendas virtuales y perfiles en redes sociales, un canal que facilita la llegada a miles de potenciales compradores y, al mismo tiempo, dificulta el control del origen de los productos.
La causa permitió identificar al presunto responsable de la organización, quien quedó imputado por infracción a la ley aduanera.
Sin embargo, los investigadores advierten que no se trata de una estructura unipersonal. Por el contrario, la pesquisa permitió confirmar la existencia de varios actores involucrados, algunos de los cuales continúan bajo investigación.
El objetivo común era claro: ingresar mercadería al país eludiendo los controles aduaneros, reducir costos y maximizar ganancias mediante la venta directa al consumidor.
Además de los productos ilegales, durante los allanamientos se secuestraron vehículos presuntamente utilizados para la logística de distribución: una camioneta Toyota SW4, un Volkswagen Nivus y una Fiat Fiorino.
También se incautaron tres CPU, tres notebooks, una tablet, cinco teléfonos celulares, un equipo DVR y abundante documentación que ahora será clave para reconstruir el circuito financiero y comercial de la organización.
La investigación se inició a principios de diciembre del año pasado, a partir de una denuncia y un trabajo preliminar de la UTOJ, especializada en causas del fuero federal penal y económico.
Desde ese momento se desplegó una tarea meticulosa que incluyó el análisis de redes sociales, enlaces a plataformas de venta online y el seguimiento de perfiles comerciales que ofrecían productos importados a precios sensiblemente inferiores a los del mercado formal.
Con el avance de la causa, se realizaron vigilancias, seguimientos de entregas de mercadería y monitoreo de domicilios. Estas tareas de campo permitieron confirmar el modus operandi y la existencia de depósitos y puntos de exhibición utilizados para el acopio de los productos.
En una etapa avanzada, y con autorización judicial, se incorporó la figura del agente revelador: personal de la UTOJ efectuó compras e infiltraciones que arrojaron resultados probatorios positivos y fortalecieron el expediente.
Con toda la evidencia reunida, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Amarante y con intervención de la Secretaría N°9, ordenó los allanamientos, el secuestro del material hallado y la imputación del principal responsable.
Desde el ámbito judicial remarcan que este tipo de investigaciones buscan no solo sancionar a los responsables, sino también desalentar prácticas que generan una competencia desleal frente al comercio legal y afectan la recaudación del Estado.
Este operativo no es un hecho aislado. Se trata del segundo procedimiento de estas características en pocas semanas. A mediados del mes pasado, otra organización similar fue desbaratada tras ocho allanamientos simultáneos en los partidos bonaerenses de Lanús y Quilmes.
En aquel caso se secuestraron más de 700 bultos con artículos de electrónica, perfumes, juguetes, prendas de vestir y herramientas, además de 31 teléfonos celulares y seis automóviles.
La reiteración de estos golpes expone una problemática de fondo: el crecimiento de redes que aprovechan la demanda de productos importados y las dificultades económicas para montar circuitos paralelos de comercialización.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño destacan que el trabajo conjunto entre fuerzas policiales, áreas judiciales y organismos especializados es clave para desarticular este tipo de organizaciones y avanzar sobre toda la cadena del delito.
El cierre de esta investigación deja un mensaje claro: detrás de cada publicación en una tienda virtual puede esconderse una estructura ilegal que vulnera la ley, afecta al comercio formal y mueve cifras millonarias.
La causa sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que se profundice el análisis del material secuestrado y de los movimientos financieros detectados.
