La nueva cárcel federal allana el camino para cerrar Devoto
Desde hace años, el sistema penitenciario argentino arrastra una tensión silenciosa pero persistente: la falta de plazas, el uso extendido de comisarías como lugares de detención y el impacto directo sobre barrios que conviven con cárceles obsoletas.
En ese contexto, el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires para la entrega de la nueva cárcel federal de Marcos Paz marca un punto de inflexión político y operativo, con promesas concretas de alivio institucional y urbano.
La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al supervisar las obras esta semana.
La frase no es menor: sintetiza un compromiso interjurisdiccional largamente postergado y reactiva un proyecto que estuvo paralizado durante cinco años, en un escenario donde el sistema penitenciario federal opera al límite de su capacidad.
El acta de entendimiento firmada entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad establece que, durante el primer cuatrimestre de este año, la Ciudad de Buenos Aires entregará formalmente a la Nación la nueva cárcel federal ubicada en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.
Una vez completado ese traspaso, el establecimiento pasará a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, ampliando de manera sustancial la capacidad de alojamiento para personas privadas de la libertad.
La medida responde a una problemática estructural que se profundizó en los últimos años: la sobrepoblación en cárceles federales y el uso de comisarías y alcaidías porteñas como espacios de detención prolongada, una práctica que genera riesgos operativos, cuestionamientos judiciales y reclamos constantes de vecinos y organismos de derechos humanos.
Según fuentes oficiales, la coordinación entre Nación y Ciudad busca precisamente descomprimir esos espacios y ordenar el sistema de detención bajo estándares adecuados.
La nueva cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para alojar a 2.240 internos y deberá cumplir con los requisitos técnicos, de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad establecidos tanto en la normativa nacional como en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
No se trata solo de sumar plazas, sino de redefinir el modelo de alojamiento, incorporando espacios de salud, educación, capacitación laboral y recreación, ejes centrales para cualquier política penitenciaria moderna.
Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la desocupación progresiva de la cárcel de Villa Devoto, ubicada en pleno entramado urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
El cierre de ese establecimiento forma parte de convenios firmados entre ambas jurisdicciones en 2018 y responde a un reclamo histórico de los vecinos del barrio, que durante décadas convivieron con una cárcel pensada para otro tiempo y otra escala urbana.
La puesta en funcionamiento de Marcos Paz aparece, así, como la condición necesaria para avanzar en esa decisión política largamente anunciada.
El entendimiento también contempla medidas de corto plazo. En paralelo a la entrega de la nueva prisión, se prevé la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos en Ezeiza.
Estas estructuras permitirán sumar hasta 400 plazas adicionales de alojamiento permanente, una solución transitoria para enfrentar la demanda inmediata mientras se reorganiza el sistema federal.
El acuerdo fue suscripto por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno.
Desde ambas carteras destacaron que la iniciativa permitirá fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal, reducir la cantidad de detenidos en dependencias policiales y mejorar las condiciones generales de detención, siempre bajo los estándares técnicos y de seguridad vigentes.
Durante la recorrida por el predio de Marcos Paz, Jorge Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el ministro de Justicia, Gabino Tapia.
Allí se constató el grado de avance de una obra que se reactivó en diciembre de 2024, luego de cinco años de paralización, y que hoy se presenta como una de las apuestas más importantes en materia de infraestructura penitenciaria a nivel federal.
El nuevo complejo ocupa un predio de 80 hectáreas y estará compuesto por cuatro unidades, cada una con su edificio de administración y áreas específicas para programas y servicios.
El diseño incluye un comando de seguridad interna, un área de salud equipada, salas de videoconferencia para internos y profesionales, sectores de visitas, un gimnasio y espacios educativos destinados a talleres de trabajo y capacitación laboral.
Además, se prevé un sistema de distribución de raciones alimentarias y un campus organizado en módulos de alojamiento, dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y áreas para huertas.
Desde una mirada periodística, resulta evidente que la obra no solo apunta a resolver un problema de capacidad, sino a redefinir el vínculo entre el sistema penitenciario y la sociedad.
El traslado de internos fuera del tejido urbano denso, la incorporación de espacios de formación y la coordinación entre jurisdicciones aparecen como señales de una política que busca ordenar un escenario históricamente fragmentado.
El desafío ahora será cumplir los plazos, sostener los acuerdos y garantizar que la nueva cárcel de Marcos Paz no sea solo una respuesta coyuntural, sino parte de una estrategia integral y sostenida en el tiempo.
El sistema penitenciario argentino necesita planificación, inversión y coordinación política; este paso, sin dudas, abre una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección.
